Las semillas con toda su diversidad genética, constituyen el
corazón de la seguridad y la soberanía alimentaria al ser la base sobre la que
descansa toda la producción de alimentos para nutrir a la población.
El proyecto de Ley Nacional de Semillas (1) es un
instrumento de regulación para controlar lo que se produce y cómo se
produce lo que nos comemos. Este hecho incide
directamente sobre nuestra economía doméstica, nuestra salud, nuestro equilibrio
ambiental y sobre la competitividad del país en términos agrícolas y toda su cadena
de valor asociada. Por esta razón
debemos preocuparnos todos y todas como actores sociales.
El Senado dominicano, no parece haber dimensionado lo pernicioso
que resulta a los intereses de la nación, ni el lesivo efecto que tendrá la
ley, tal como está elaborada, sobre los pequeños agricultores, a quienes la
presente gestión de gobierno apoya con denodados esfuerzos.
Este proyecto de ley plantea el decomiso y la destrucción de
recursos fitogenéticos para evitar la mezcla de variedades y proteger así, en
principio, la pureza de las semillas certificadas. Esta medida conllevará una reducción de la
agrodiversidad y, eventualmente, una mayor vulnerabilidad ante los ataques de
plagas y enfermedades. En adición, se potenciará,
aún más, la contaminación ambiental ya que el paquete tecnológico de muchas de
las semillas certificadas exige un mayor uso de agroquímicos.
Contempla además la enajenación de nuestros recursos genéticos al
ceder derechos, vía el otorgamiento de licencias y contratos, que permitan a
terceros reproducir y comercializar semillas nacionales de variedades mejoradas
obtenidas por instituciones públicas.
Permite la entrada al país de organismos
genéticamente manipulados (OGM) producidos en otros países, sin contar todavía
con una legislación sobre bioseguridad y biodiversidad que proteja la vida e integridad
de nuestros propios recursos.
Por otro lado, desconoce derechos consuetudinarios y criminaliza
prácticas provenientes de saberes ancestrales de la población relativos a la
producción, la conservación y el cuidado de semillas.
Supedita a los productores a un riguroso control por parte de inspectores
para verificar el uso de semillas comerciales y certificadas. Esto puede degenerar en una estructura de
extorsión, ya que la mayoría de los productores no llevan registros
administrativos ni contables de sus actividades.
Establece un sistema de control de la
producción y la comercialización de semillas que estimulará la creación y consolidación
de un oligopolio de empresas, cuyo fin no es la producción de alimentos sino la
maximización del rendimiento financiero en beneficio propio.
Hace obligatorio el uso de semillas certificadas cuando se trabaje
con el apoyo financiero del sector oficial (BAGRÍCOLA, FEDA, BNV). El
sobreprecio de la semilla certificada encarecerá los costos de producción, lo
que elevará el precio de los alimentos producidos.
Convierte al Departamento de Semillas del Ministerio de
Agricultura en la Oficina Nacional de Semillas (ONASE) confiriéndole
atribuciones y prerrogativas que limitan la capacidad de maniobra de la
autoridad sectorial para “impulsar políticas públicas y marcos legales que
garanticen a los productores nacionales el uso de semillas nativas”. (2)
Trastorna el Sistema Nacional de Investigaciones Agropecuarias y
Forestales (SINIAF) al no contemplar el rol del Consejo Nacional de
Investigaciones Agropecuarias y Forestales (CONIAF) como ente cohesionador,
articulador y de mayor jerarquía del Sistema. (3)
Puede incluso afectar el programa nacional de reforestación ya que
ni el Plan Quisqueya Verde, ni los demás viveros forestales utilizan semillas
certificadas para la producción de plántulas.
A la luz de lo expuesto, derogar la actual Ley de Semillas,
vigente desde el 1971 y sustituirla por lo planteado en este proyecto de ley,
supone un retroceso y un despropósito que de ninguna manera contribuirá a la
soberanía alimentaria.
El eventual incremento de la productividad derivado del uso
obligado de semillas certificadas, tendrá un costo social y político demasiado
alto, el menoscabo de la agricultura familiar campesina.
Bibliografía:
1.
Romero, A. Senador al Congreso Nacional por la Provincia Duarte. Proyecto
de Ley Nacional de Semillas. Santo Domingo : s.n., 2014. pág. 50.
2. Nivar, A. Demandan ley de semillas sea debatida en vistas
públicas. Diario Libre. 7 de junio de 2014.
3. Congreso Nacional. Ley Nº 251-12 que crea el Sistema
Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales. Santo
Domingo : Gaceta Oficial, 2012.
4. Ley Nacional de semillas hará desaparecer la agricultura familiar
campesina. CLOC. Santo Domingo : Rebelión, 2014.
5. Aseguran Ley Nac. de semillas hará desaparecer la agricultura
familiar campesina . Acento. Santo Domingo : Acento.com.do,
16 de mayo de 2014.
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