Muchos de los efectos del cambio climático son medioambientales y pueden
dañar los recursos naturales afectando la prestación de los servicios ecosistémicos; por esta
razón, ha sido reconocido como la mayor amenaza a la que se enfrenta la
humanidad.
En los últimos 35 años, la temperatura media de la superficie de los océanos se ha incrementado en 0,5ºC; la cantidad de huracanes de máxima potencia se ha duplicado y los eventos de lluvia y sequía alternan su azote aumentando la vulnerabilidad y los daños; todo esto, sin que estemos lo suficientemente preparados.
El aumento
en la frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos así como en la
ocurrencia de incendios forestales, puede generar daños económicos[2]
con repercusiones negativas
en la producción, la infraestructura, los medios de vida, la salud y la
seguridad de las personas.
Para hacer frente a estas calamidades,
los gobiernos se ven forzados a reorientar su gasto público y recurrir a
préstamos a largo plazo que acarrean consecuencias sociales y económicas a la
población. Desafortunadamente, el
esfuerzo de este ajuste climático, por
lo general resulta insuficiente pues las intervenciones se limitan a la
reconstrucción de cierto tipo de infraestructuras y a suplir de manera temporal
y precaria, las necesidades básicas de la población afectada.
El endeudamiento y la
reorientación forzada del gasto público debido a causas climáticas reducen el
ya de por sí estrecho margen de maniobra con que cuenta la administración
pública y limita la efectividad de sus estrategias así como de sus políticas
sociales y sectoriales. Esta realidad,
plantea el reto de incluir la vulnerabilidad climática en el modelo de
desarrollo que queremos como país, sobre todo en adaptar tanto el sistema financiero
nacional como nuestro marco
fiscal a los desafíos del cambio climático.
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
Cambio Climático, establece la necesidad de apoyar a los países en desarrollo
mediante la transferencia de recursos financieros orientados
a la disminución de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (mitigación) así como
a la preparación de la infraestructura social y productiva para afrontar los
efectos negativos del cambio climático (adaptación).
Este compromiso dio lugar al
concepto de las finanzas del clima
que se refiere a la totalidad de los recursos nacionales o internacionales, de
carácter público o privado destinados a cubrir los costos incrementales de la
mitigación y la adaptación al cambio climático.
Es decir, la contabilización tanto del financiamiento internacional como
de las asignaciones presupuestarias e instrumentos financieros propios del
Estado.
Para poder sacar el máximo
provecho al financiamiento climático[3]
debemos identificar y superar como país, las barreras actuales o que puedan
surgir en cada una de las fases básicas del ciclo financiero; acceso, manejo y
rendición de cuentas. Esto supone un proceso
en el que se revisen de manera critica tanto el capital social como las
capacidades institucionales de los tomadores de decisión.
Es indudable que en el país
tenemos buenos técnicos y funcionarios capaces pero… ¿están lo suficientemente
motivados para desempeñar su función? Con respecto al liderazgo político la
situación es menos alentadora ya que una minoría es la que ha asumido una
posición clara a favor de la protección y conservación del medio ambiente, otros
cuantos reaccionan de manera coyuntural y la mayoría parece permanecer
indiferente respecto a un tema en el que no se puede ser neutral.
A nivel institucional, contamos
con un buen marco legal pero nos hace falta una Política
Nacional de Medio Ambiente que incluya prioridades
de cambio climático y oriente las políticas energéticas, industriales,
agrarias, de transportes, educación turismo y de desarrollo regional concebidas
como ejes interdependientes del desarrollo nacional.
De forma
paralela, los ministerios de Educación y de Obras Públicas deberían iniciar
procesos de planificación climática. Por otro lado, se debe reforzar la
capacidad institucional del Fondo Nacional Ambiental para convertirlo en un
potente instrumento financiero al servicio de una gestión sostenible del medio
ambiente. Finalmente, se debería asegurar
la gestión por resultados como mecanismo para
facilitar la rendición de cuentas sobre el financiamiento climático.
Bibliografía:
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2012) Cómo superar las barreras a las finanzas del clima. Recuperado el 5 de
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Climate Risk Index 2013. Germanwatch.
Recuperado el 10 de julio de 2013 de http://germanwatch.org/en/download/7170.pdf
[1]
Según Maplecroft, una
empresa de análisis de riesgo con sede en el Reino Unido; varias de las
economías de mayor crecimiento en el mundo China, México, India, Filipinas,
Corea del Sur, Indonesia, Turquía, Bangladesh e Irán también se enfrentan a
riesgos por desastres naturales. Aunque
algunos cuentan con mecanismos para protegerse y sobreponerse a las
eventualidades; las empresas que operan, invierten o dependen de insumos de
estos países están particularmente expuestos.
[2]
El Salvador sufrió el
impacto de 3 eventos climatológicos que generaron daños económicos equivalentes
al 6% de su PIB nominal para el año 2011
[3] Se
refiere a los flujos financieros de los países desarrollados hacia los países
en desarrollo orientados a financiar la mitigación y la adaptación al cambio
climático.
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