La disponibilidad de agua, fertilidad y creación del suelo, polinización, crecimiento y reproducción de especies comestibles, mitigación de tormentas, asimilación de desechos, regulación climática y control de plagas son ejemplos de servicios ecosistémicos.
Estos beneficios que la naturaleza proporciona a los seres humanos se perciben como utilidades a las que no damos una estimación monetaria; frecuentemente, no tienen valor de mercado aunque influyen en el mantenimiento de la vida, generando bienestar a las personas y comunidades.
A finales de los 90, un grupo de ecologistas y economistas estadounidenses1 trabajaron de manera conjunta para asignarle un valor a los servicios de la naturaleza. El resultado fue inquietante. El valor estimado representaba el doble del producto nacional bruto global de ese entonces, en EEUU.
La evaluación de los ecosistemas del mileno agrupa los servicios ecosistémicos de la siguiente manera:
Servicios de soporte | Servicios de provisión | Servicios de regulación | Servicios culturales |
Biodiversidad | Alimento | regulación de gas | belleza escénica |
Ciclo de nutrientes | materias primas | regulación del clima | recreación |
Formación de suelo | recursos genéticos | prevención de disturbios | información cultural y artística |
Producción primaria | recursos medicinales | regulación de agua | información espiritual e histórica |
polinización | recursos ornamentales | provisión de agua | ciencia y educación |
control biológico | tratamiento de desechos |
Lamentablemente,
esta realidad es poco entendida en nuestro país, en general. Desde
habitantes de zonas rurales, que viven de su entorno, hasta
tomadores de decisiones e importantes políticos e inversionistas, no
manejan ni la información necesaria, ni el enfoque adecuado para
visualizar esta realidad. Por ende, no se destina la inversión
adecuada para conservar y mantener los servicios y no está
internalizada en el precio de los bienes y servicios que se ofrecen.
La
falta y la degradación de servicios ecosistémicos implica pérdida
de medios de vida, amenazas a la salud y aumento de la vulnerabilidad
de la población e incide en el cambio climático. Los servicios
hidrológicos que ofrecen los bosques son raramente valorados, hasta
que los efectos de la deforestación se presentan en forma de
inundaciones y pérdida de la calidad del agua.
Conservar
los ecosistemas para que continúen proporcionando estos beneficios
se vuelve una prioridad. De ahí, la urgencia de revisar los
patrones actuales de uso y consumo de los recursos de que disponemos.
Esto tiene además un objetivo estratégico de contención, frente
a un futuro no muy lejano, en la medida en que aumenten los precios
de los alimentos, se expandan los centros urbanos, se incremente la
demanda de agua y se acumulen los impactos del cambio climático.
Debemos
comprender y valorar en términos económicos los bienes y servicios
que ofrecen los ecosistemas, como una estrategia para promover la
conservación, ya que al tener una estimación económica se pueden
aplicar métodos de análisis, como el de costo beneficio, costo
efectividad o análisis de riesgo.
Algunos
países han optado por aplicar un esquema de pago por servicios
ecosistémicos (PSE) o servicios ambientales (PSA) el cual plantea un
nuevo paradigma de conservación. El esquema de PSA, es una realidad
en países de la región, como México, Costa Rica, Guatemala y
Ecuador, en los cuales este mecanismo ha permitido generar entradas
adicionales a favor de los usuarios de terrenos marginales con bajos
ingresos y costos moderados para la conservación.
En
ese sentido, incluirlos como parte de la inversión en
infraestructura de la economía nacional es lo pertinente, ya que
son un insumo crítico para el crecimiento económico.
Existe
un consenso más o menos generalizado de que el cuidado de los
recursos naturales debe ser un trabajo activo de todos los entes
sociales. La controversia surge al preguntar ¿quién debe pagar por
mantener e incrementar la calidad ambiental?
La
nueva Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo plantea afrontar esta
situación mediante la consolidación de un sistema de información
ambiental que incluya la valoración de los recursos naturales en las
cuenta nacionales estableciendo prioridades de inversión pública en
función de la sostenibilidad ambiental.
1
Costanza, R., D´Arge, R., De Groot, R. y colaboradores, 1997
citados por Herbert T, Vonada R, Jenkons M, y Bayon R. Fondos
Ambientales y Pagos por Servicios Ambientales; Proyecto de
capacitación de RedLAC 2010.
El balance final de la evaluación de los ecosistemas del milenio es que la actividad humana está ejerciendo una presión tal sobre las funciones naturales de la Tierra que ya no puede darse por seguro que los ecosistemas del planeta vayan a mantener la capacidad de sustentar a las generaciones futuras. Al mismo tiempo, la evaluación muestra que, con las acciones apropiadas, es posible revertir la degradación de muchos servicios de los ecosistemas en los próximos 50 años, pero que los cambios requeridos en las políticas y en la práctica son sustanciales y no están en curso en la actualidad.
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