El Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) es el conjunto
de espacios terrestres y marinos del territorio nacional, que han sido
designados para preservar muestras representativas de los diferentes
ecosistemas y del patrimonio cultural del país con el objeto de garantizar la
permanencia y optimización de los servicios ambientales y económicos que estos
ecosistemas ofrecen o puedan ofrecer a la sociedad.
Producto de
estos diferentes mecanismos, unos 12.890,81 km2 equivalentes al 26,5%
de la superficie terrestre y 45.540,64 km2 que representan el
9,3% de nuestras aguas territoriales han sido declaradas áreas protegidas. Esto
nos coloca como el segundo país con más superficie terrestre protegida en la
región de Latinoamérica y el Caribe.
No obstante, uno
de los grandes problemas es que las políticas de desarrollo nacional y los
grandes proyectos de inversión del país, no suelen contemplar un enfoque
ambiental. La Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales (64-00) dispone
la creación del Consejo Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales como
órgano responsable de programar y evaluar políticas así como para establecer la
estrategia nacional de conservación.
Este Consejo sin
embargo, no se ha reunido para estos fines, por lo que el país no cuenta con
políticas energéticas, industriales, agrarias, de transportes, de minería y de
desarrollo regional, concebidas como ejes interdependientes del desarrollo
nacional.
A finales de mayo del año pasado, se
publicó la noticia de que la mayoría de las concesiones mineras coinciden con
las cuencas hidrográficas. Al tomar el
mapa de concesiones mineras otorgadas o en trámite que presenta la Dirección General de Minería en su sitio Web y cruzarlo con el
de áreas protegidas; observamos que algunas solicitudes de concesiones caen
dentro de los límites de varias de las Áreas Protegidas.
La falta de una visión sistémica; la poca
articulación sectorial, el incumplimiento de las normativas en vigor, la
complicidad de algunos servidores públicos y una débil institucionalidad que no
decide ni sanciona de manera oportuna, está generando conflictos de uso y de
jurisdicción entre zonas mineras, áreas protegidas, cuencas hidrográficas, proyectos
de desarrollo turístico, zonas agrícolas y urbanas.
El empeño social y político en contra de
la explotación de Loma Miranda permite entender la iniciativa de un
anteproyecto de ley para crear un nuevo parque nacional. Reconocemos el
esfuerzo de los que desinteresadamente, se han sumado de manera militante a
esta causa, pero ¿Realmente necesitamos otra área protegida?
Los espacios que se encuentren bajo
régimen legal de protección, tienen usos restringidos, constituyen un
componente del patrimonio estatal y no son transferibles en propiedad a ningún
individuo, Estado, nación o ciudadano de otro país bajo ninguna circunstancia. Bajo esta lógica, declarar Parque Nacional a Loma
Miranda garantizaría su preservación.
No obstante, la incorporación al SINAP no
garantiza el resguardo total ya que por desgracia, nuestros espacios naturales
no gozan de una protección efectiva. De hecho, la escasa cultura institucional,
hace peligrar la integridad de los ya existentes aunque su categoría de manejo
sea la de Parque Nacional.
Adicionar una nueva área protegida al
sistema, no haría más que restar eficiencia a la ya precaria administración del
SINAP que acusa fuertes limitaciones de todo tipo (logísticas, financieras y de
recursos humanos) para garantizar un control y vigilancia efectivos.
La biodiversidad de esta zona del país ya
está representada en otros lugares por lo que desde el punto de vista técnico,
esta iniciativa pierde méritos más aun cuando se analiza a nivel de sistema
pues provoca redundancia de los objetos de conservación a ser preservados.
Tanto el uso inadecuado, como el cambio de
uso del suelo generan conflictos[1]
y tienen efectos ambientales y socioeconómicos.
La subutilización es un riesgo para la subsistencia y el bienestar
económico así como para la seguridad alimentaria; mientras que los conflictos
por sobre utilización socavan la estructura y las funciones de los sistemas
ecológicos como los ciclos biogeoquímicos (los ciclos del agua, del carbono y
de los nutrientes), fundamentales para la supervivencia de los seres humanos.
Que se declare Loma Miranda como área protegida sin
lugar a dudas cuenta como un triunfo político, pero su efecto sería similar al
de tapar el sol con un dedo. ¿Qué pasaría si finalmente se otorgan las concesiones
para la explotación minera en la mayoría de las zonas productoras de agua del
país? ¿Qué autoridad se impondrá a las corporaciones para garantizar que contemos
con un suministro agua en cantidad y calidad suficientes para satisfacer las
necesidades de una población en crecimiento? ¿Por qué se admite a trámite una
solicitud de exploración minera en una zona que está dentro de un área
protegida?
Loma Miranda es solo la punta del iceberg, si apelamos
a este mecanismo ¿Cuántas nuevas áreas protegidas será necesario crear en los
próximos años? La industria extractiva tiene a su disposición todos los
recursos técnicos, financieros y mediáticos para alcanzar sus objetivos. El tiempo, incluso juega a su favor, si
consideramos la tendencia al alza del precio de los minerales. Lo único que no han
podido conseguir es la licencia social para legitimar sus actividades. Esa es la baza que se debe aprovechar.
Bibliografía.
Molina T. (29 de mayo de 2012) Aguas de RD entre concesiones
mineras. Diario Libre. Recuperado el 18 de septiembre de 2013 de http://www.diariolibre.com/noticias/2012/05/29/i338090_aguas-entre-concesiones-mineras.html
Dirección General de Minería. Recuperado el 18 de septiembre de
2013 de http://www.dgm.gov.do/fiscalizacion/catastrominero.html
Mateo y López, (2010) Áreas protegidas de la República Dominicana Recuperado
el 20 de septiembre de 2013 de http://www.ambiente.gob.do/chm/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=67
García Cartagena C. (13 de julio de 2012) Cambio de uso del
suelo. La esquina del buen ambiente.
Recuperado el 23 de septiembre de 2013 de http://buen-ambiente.blogspot.com/2012/07/los-limites-de-la-tierra-iv-cambio-de.html
[1] Los suelos bajo conflicto de uso,
son aquellos que no se utilizan de manera adecuada conforme a su vocación o
capacidad productiva
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