Tener trato y comunicación con otras personas no es malo, en
eso se basa el comercio. Cuando
extrapolamos esta lógica a nivel internacional, las barreras comerciales
pierden sentido. La apertura de la comercialización de bienes y servicios formalizada
a través de los tratados de libre comercio (TLC) reduce los aranceles,
estandariza procedimientos y requisitos al tiempo que compromete a los países a
garantizar una legislación y políticas internas que proporcionen y estimulen un
marco legal definido así como determinados elementos de protección ambiental.
No obstante, cuando la
negociación entre las partes es asimétrica, se imponen intereses y agendas que
refuerzan escenarios de competencia imperfecta y terminan favoreciendo algunos
grupos de las elites nacionales, encabezados por los sectores vinculados a las
multinacionales y a los grandes importadores.
En estas
condiciones, el TLC podría conducir a un retroceso democrático y afectar de
manera negativa la manera en la que nos insertamos a la economía global.
La globalización y el medio
ambiente son compatibles. Su gestión requiere de visión sistémica, capacidad de
proyección a largo plazo y sobre todo, un serio compromiso con la sostenibilidad.
Lamentablemente, el comercio ha evolucionado de espaldas al medio
ambiente como si las implicaciones reales entre ambos no existieran,
convirtiéndose así, en un factor de deterioro del medio ambiente.
Las naciones con instituciones
débiles a causa de altos niveles de pobreza, marginalidad, corrupción y
exclusión social, asumen compromisos y regulaciones que no están en capacidad
de hacer cumplir dando pie a una situación de baja eficacia e inequidad que
eventualmente, resulta perjudicial tanto a su economía como al medio ambiente.
Los países desarrollados por
su parte, aunque cuentan con gran fortaleza institucional para garantizar la
aplicación y el cumplimiento de las reglas de un TLC, mantienen políticas que afectan
a los países en desarrollo y paradójicamente, resultan dañinas para el medio
ambiente. La Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea; así como las
subvenciones que dan los Estados Unidos y otros países desarrollados a sus
agricultores, estimulan un modelo de producción altamente dependiente de
fertilizantes y pesticidas sintéticos que pueden provocar daño
ambiental.
La producción y el trasiego de
bienes y servicios, implica costos ambientales (consumo de recursos y
contaminación) en un contexto de libre comercio, algunas empresas podrían
movilizarse hacia países con instituciones débiles donde la aplicación de la
legislación es limitada, lo que les permitiría producir en condiciones menos
gravosas.
Afortunadamente, la tendencia
apunta a que los países en vías de desarrollo, están fortaleciendo cada vez más
su legislación, haciéndola más estricta y más factible su cumplimiento. Por otro lado, los procesos industriales modernos
son menos contaminantes y más eficientes en cuanto al consumo de energía.
La evidencia del deterioro
ambiental y la presión de los ecologistas también se han globalizado creando la
necesidad de dar respuesta a las rancias contradicciones entre comercio y medio
ambiente. Es necesario hacer un llamado sobre el rumbo que se le imprime a la
globalización.
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