Nuestra existencia depende de aspectos como la alimentación, la energía, la
salud, etc.
En procura de satisfacer estas necesidades, nos relacionamos con
otras personas en un espacio conocido como mercado. Puesto que la satisfacción de necesidades genera felicidad,
cabe suponer que la idea detrás de la economía es que las personas hagan cosas
para ser felices.
Si en el mercado, el conjunto de condiciones de información, producción,
intercambio y consumo de un producto funciona bien, el bienestar para la
sociedad debe ser el mayor posible ya que, las personas toman decisiones
intentando maximizar su propio bienestar o su propia utilidad, es decir, su
propia felicidad.
Los mercados funcionan de modo eficiente asignando bienes y servicios
aunque, esta asignación no es necesariamente justa o equitativa. En consecuencia, las transacciones que
proporcionan un óptimo individual, no siempre permiten maximizar el bienestar del
colectivo.
Cuando el mercado no alcanza a proveer ciertos bienes, cuando los recursos se
asignan erróneamente o de forma ineficiente, o cuando las actividades se realizan
sistemáticamente de modo insostenible, los sistemas naturales sufren, el
resultado es desperdicio o valor perdido.
Esto se conoce como falla del mercado.
Para corregir esta situación se necesita un regulador. Tradicionalmente, esto se hace a través de
políticas públicas cuyo diseño requiere de una buena comprensión del medio
natural así como de un conocimiento integral del contexto social.
Las políticas bien concebidas son instrumentos con los que el gobierno
puede potenciar la eficiencia del mercado para remediar sus fallas e
incrementar el bienestar social de una forma más sostenible. Una política inadecuada por el contrario, no
solo no resuelve la falla sino que puede dar pie a otro tipo de ineficiencias
causadas por el sector público. Finalmente, la opción de no hacer nada resulta
en una falla por omisión.
Existen diferentes enfoques que los expertos utilizan para evaluar las
políticas públicas. Estos son: el
análisis costo beneficio, el principio de precaución y la gestión del riesgo.
El análisis costo beneficio, compara los beneficios sociales contra el
costo social. Es decir, si los
beneficios son mayores que los costos, entonces vale la pena la implementación
de la normativa. El resultado de este
análisis se expresa términos monetarios por lo que el beneficio de una política
o pieza legislativa se puede medir en moneda local o calcularse en divisas.
La economía convencional aborda el tema de costos y beneficios como
externalidades; que son los efectos positivos o negativos que producen las
actividades económicas, y que implican fallas porque el mercado por sí mismo no
las puede resolver.
Las externalidades plantean el gran desafío que de cómo dar valor a los
impactos ocasionados. La economía ambiental, ha desarrollado técnicas para
hacer estimaciones monetarias como medio para cuantificar los costos
ambientales actuales y futuros.
El principio de precaución por su parte, es un concepto que exige que en
caso de incertidumbre o posible peligro para la salud humana, animal o vegetal;
o para proteger el medio ambiente debido a efectos negativos de ciertos
productos o tecnologías, se adopten medidas apropiadas para prevenir el posible
daño.
Finalmente el enfoque de gestión de riesgo, utiliza para evaluar la
ocurrencia de un impacto negativo que no sucede todo el tiempo ni es un hecho
inevitable. Por esta particularidad, se
asume como un subconjunto de análisis de costo beneficio.
No existe una política única que pueda resolver todos los problemas de las
externalidades negativas, trataremos de resumir a continuación las políticas
más frecuentemente utilizadas.
Comando y control, como su nombre lo indica, es una política que dice a las
personas físicas y jurídicas que hacer. Un ejemplo de ello es un estándar que fija
un nivel de calidad ambiental que se debe cumplir.
El principio de quien contamina paga, quien genera un impacto negativo
tiene la responsabilidad de restaurar el entorno o resarcir económicamente a
los afectados por los daños ocasionados.
La internalización de la externalidad.
Es decir, incluir en
la estructura de costos de una empresa, los impactos ambientales y la disminución
del capital natural que acarrea la dinámica económica de producción y consumo. Esta solución es posible solo cuando hay
pocos agentes.
Los impuestos Pigouvianos. Llamados así en honor al economista británico
Arthur Pigou; son un tipo de impuesto que busca lograr que el costo
marginal privado (lo que le cuesta al productor producir) más el impuesto sea
igual al costo marginal social (lo que le cuesta a la sociedad, incluyendo al
productor, que produzca). Los bonos y/o
permisos transables son otro instrumento a menudo utilizado como complemento de los impuestos pigouvianos.
Por otro lado, el incentivo fiscal es una herramienta utilizada como parte
de una política de desarrollo destinada a la protección del medio ambiente, al
promover un determinado sector o actividad económica, el cual se beneficia de
una exoneración total o parcial de impuestos y tasas de importación por
inversiones realizadas.
Finalmente, los subsidios que son
transferencias que hace el Estado a ciertos agentes económicos o a ciertas
actividades productivas. Consisten en
donaciones de dinero o bienes así como prestaciones de gratuitas de servicios. Si no es bien administrada, esta política
puede generar incentivos perversos al motivar la participación de otros agentes
para participar del subsidio.
En conclusión para corregir las falla del mercado, es necesario contar con políticas
claras y coherentes que puedan combinarse con los instrumentos económicos que
permitan llegar al óptimo de producción y máxima sostenibilidad; para conseguir
esto, es necesario manejar información actualizada, oportuna y confiable.
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