El Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) cuenta en la actualidad con 120 unidades de
conservación o áreas protegidas distribuidas en seis diferentes categorías de
manejo que representan el 26,5% de la superficie terrestre del país. (1)
Los aspectos técnicos y económicos,
esenciales para la toma de decisión quedaron invisibilizados en el debate
político. La evaluación sobre los méritos de Loma Miranda para ser considerada un
área protegida[1], no
contenía la información suficiente. A
ojos vista, la aprobación de la Ley respondió a la presión social ejercida por parte
de actores de buena fe y por actores interesados.
En este caso, las repercusiones financieras de
la Ley, en función de los intereses de la nación, no fueron debidamente
ponderadas ni a corto ni a mediano plazo. Todas las decisiones de política
ambiental, tienen implicaciones económicas.
La primera de ellas es que el Estado deja de
percibir los ingresos de la explotación minera de esa zona y puesto que los
servicios ecosistémicos que esta área puede ofrecer no computan en las cuentas
nacionales (no se contempla el capital natural) el balance resultante será
negativo.
En 2010, un estudio del
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales determinó que sólo había
administración en 32 de las 120 áreas protegidas; el resto solo eran “parques
en papel”. Según esta investigación, la brecha financiera entre los recursos ejecutados
y las necesidades básicas para el manejo del SINAP era del 69%. (1) Es decir, el SINAP
opera con un déficit de casi el 70%.
Agregar otro parque nacional, lamentablemente,
solo profundizará esta brecha dada la crónica precariedad financiera con que se
gestiona el SINAP.
Por otro lado, es conveniente resaltar que
una buena parte de las unidades de conservación del SINAP han sido declaradas
de interés público y expropiadas. A la fecha, sus propietarios no han sido compensados
o indemnizados; aunque se les reconoce su derecho de propiedad, no tienen
derecho de usufructo.
En este caso, la mayor parte de los terrenos
son propiedad de una corporación transnacional lo que obligará al gobierno al
pago compulsivo de la indemnización correspondiente. El peor escenario podría resultar en un
arbitraje internacional. De cualquier
forma, la imagen del país se verá afectada y perderá atractivo para la
inversión extranjera.
Parque nacional es además una de las
categorías de manejo con mayores restricciones de uso según la Ley sectorial de
áreas protegidas (2). Teniendo esto en
cuenta, ¿era esta la mejor opción? La
categoría de reserva forestal, por ejemplo, hubiera permitido el
aprovechamiento de Loma Miranda y la creación de empleos en la zona.
Como país en desarrollo, y en la situación económica en que nos
encontramos, es fundamental que las decisiones que tomemos permitan el
aprovechamiento racional de los recursos con los que contamos, respetando y
haciendo cumplir la normativa ambiental en beneficio del bien común.
Bibliografía
1. CHM de República Dominicana. CHM de
República Dominicana. [En línea] 16 de Sept. de 2010. [Citado el: 29 de
Ago. de 2014.] http://www.ambiente.gob.do/chm/index.php?option=com_content&view=article&id=54:areas-protegidas-de-rd&catid=36:biodiversidad&Itemid=67.
2. Congreso Nacional. Ley Nº
202-04 sectorial de áreas protegidas. Santo Domingo : Gaceta
Oficial, 2004.
[1] La biodiversidad de esta zona del país ya
está representada en otros lugares por lo que pierde puntos visto desde la
perspectiva de sistema.
Como una vez le dije a mi amigo ido a destiempo Julio Llinas, el problema no es que exploten la mina, el problema es que la explotación la harían a cielo abierto en un área altamente húmeda...
ResponderEliminarEn este tipo de explotación la capa superficial natural que permanecería intacta con la extracción bajo tierra quedaría alterada irreversiblemente, dejando atrás un paisaje inerte. Asimismo, los acuíferos y los cursos de agua próximos quedarían afectados, poniendo en peligro la fauna y flora del lugar. Además, el arrastre de las partículas por el agua perjudicaría a la agricultura, al erosionar y esterilizar las superficies de cultivo.
La proximidad de las canteras a los núcleos de población produce también de manera indirecta nuevos problemas al medio ambiente, pues las excavaciones que ya carecen de cubierta vegetal se convierten en vertederos urbanos.
Además de su impacto ambiental, los problemas para la salud humana también se incrementan: Los gases, polvo en suspensión, ruidos y vibraciones de la maquinaría y explosiones afectarían a los habitantes próximos a la mina, en forma de enfermedades respiratorias o del sistema nervioso.
Y el capital natural sigue en declive para que en las cuentas del Producto Interior Bruto, la pérdida de riqueza contabilice como ganancia.
ResponderEliminarUn saludo